INTERNACIONAL
PERU: LA LIBERTAD DE A. FUJIMORI Y EL CONFLICTO ENTRE LA CORTE INTERAMERICANA Y EL ESTADO PERUANO
El Tribunal Constitucional, decidió otorgar la libertad al dictador genocida, Alberto Fujimori, resucitando el fallo antiguo que daba cuenta de la amnistía que había ofrecido el ex Presidente, Pedro Pablo Kuczynski, (hoy también con prisión domiciliaria), al dictador Fujimori. Esta primera amnistía había sido producto de una transacción delictual entre Kenji, hijo de Fujimori, y el Presidente PPK, intercambiando la amnistía a su padre por los votos requeridos para rechazar en el Congreso la vacancia del Presidente PPK, que había sido presentada y apoyada por el Partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, (hermana de Kenji). La “guerra civil” entre hermanos terminó con la salida de Kenji del Congreso, además de la renuncia de PPK a la Presidencia de la República, anticipándose a una segura vacancia decretada por el Congreso.
El resultado de estas operaciones fraudulentas terminó con PPK en prisión domiciliaria, (a causa de su edad y a su estado de salud), y de Fujimori reenviado a prisión, luego del rechazo de la amnistía, tanto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como por el Tribunal Constitucional de la época.
La primera amnistía otorgada a Fujimori se presentó como un gesto humanitario debido a su edad, (hoy tiene 85 años, nacido en 1938), pero no cumplía los requisitos, entre ellos, el de pedir perdón a los parientes de las víctimas de Barrios Altos y de La Cantuta, entre otros muchos crímenes llevados a cabo durante los diez años de gobierno.
El actual Tribunal Constitucional, irrespetando el fallo previo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, revivió la antigua amnistía de 2017, concedida por PPK, según las condiciones acordadas anteriormente, por cuatro votos contra dos. Los dos Magistrados que votaron en contra justificaron su sufragio sobre la base de preeminencia del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la OEA.
El Tribunal Constitucional envió al Juez de Ica el texto de la amnistía a fin de que se llevara a efecto la libertad del dictador Fujimori, pero este Juez se negó a aplicarla pretextando la superioridad de las leyes internacionales sobre la jurisdicción nacional.
La Corte Interamericana tiene toda la razón al sostener que los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el gobierno de Fujimori en Barrios Altos y La Cantuta no sólo no tienen prescripción, sino que tampoco pueden ser amnistiados, salvo que se cumplan las condiciones exigidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (Fujimori hasta no hoy no ha cumplido, y si bien tiene 85 años, los médicos no están de acuerdo en que tenga enfermedades terminales), además, Fujimori se ha negado a pedir perdón, así como de pagar indemnización pecuniaria a los parientes de las víctimas de los crímenes cometidos.
El Estado peruano, al incumplir el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, corre el riesgo de convertirse en una Estado paria, que no respeta los Acuerdos internacionales, así como el peligro de que Perú se convierta en un Estado inseguro jurídicamente.
La Presidente actual de Perú, Dina Boluarte, culpable de varias masacres, sabe bien que para salvarse necesita continuar como esclava del Congreso, en el cual predomina la derecha dura, liderada por ridículos ex militares, (entre ellos Jorge Montoya, el almirante José Ernesto Cueto).
El conflicto actual entre el Estado peruano y la Corte Interamericana de Derechos Humanos sólo servirá para mostrar la dependencia del gobierno respecto del Tribunal Constitucional, que también sirve a la estrategia de la familia Fujimori, encargada de liberar al dictador Fujimori al precio que sea.
Los familiares de los masacrados en Barrios Altos y La Cantuta tienen todo el derecho, además, de ser indemnizados por los crímenes del Grupo Colina y de Fujimori.