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COMPROMETIDOS CON EL PENSAMIENTO INDEPENDIENTE

DERECHOS HUMANOS

Manuel Acuña Asenjo desde Santiago

¿UN NUEVO ATENTADO EN CONTRA DE LOS DERECHOS HUMANOS?

Santiago, diciembre 2023               

“Señor Piñera, está avisado, se le va a perseguir por las graves violaciones a los DD.HH. cometidas bajo su mandato”.

Advertencia del entonces diputado Gabriel Boric al presidente Sebastián Piñera en septiembre de 2021.


UN ACONTECIMIENTO MEMORABLE

La rebelión de 18 de octubre de 2019 ha sido uno de los hechos más significativos de la moderna historia de Chile. No solamente puso de manifiesto el cansancio de toda una población nacional con el impúdico proceder de una ‘élite política’ corrupta que, en el carácter de ‘sucesora natural’ de la dictadura pinochetista, mantiene aún, en sus manos, el control de la nación, sino, además, pudo mostrar hasta dónde pueden extenderse los límites de la tolerancia a los abusos que esa sociedad soporta antes de traducirlos en una explosión social cuyos efectos no siempre es posible prever. Enseñó, igualmente, que, gracias al portentoso avance que ha experimentado el desarrollo de las fuerzas productivas, es posible organizar una sociedad mejor, una sociedad cooperativa donde pueda ejercerse una democracia directa, más humana, fraterna y solidaria. Algo que, en los años precedentes, era ilusorio siquiera imaginar.

Ha sido natural, por ende, que los sectores más reaccionarios de la sociedad hayan querido tender un manto de silencio sobre ese hecho porque, a menudo, es conveniente ignorar aquello que resulta molesto. O descalificarlo. Atribuirlo a la obra de sujetos desquiciados, del lumpen o de la delincuencia. No es casualidad que algunos medios informativos hayan hablado del ‘octubrismo’ y pretendan, con ese calificativo, ridiculizar y denostar una de las más importantes gestas, ocurrida en uno de los momentos más álgidos de nuestra actual sociedad; no olvidemos que, para Amnesty International, es la manifestación más seria de las crisis habidas desde el término de la dictadura

 “El denominado “estallido social” fue la más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet y el mayor batacazo del Gobierno de Piñera, que dejó el cargo el pasado marzo”.

Si hay algo a lo que temen los sectores dominantes de una sociedad es a un estallido social. Les resulta insoportable, un desfile ‘alienígena’, una asonada delincuencial. Cuando ocurre aquello, les parece vivir una pesadilla de la que, de inmediato, quisieran despertar. Una contrariedad de las más odiadas. Porque un pueblo, levantándose en demanda de sus derechos, es el peor panorama que puede presentarse ante un gobierno que quiere perpetuar la cotidianeidad; más, aún, cuando ese gobierno lo ejerce, directamente, el gran capital. 

VIOLENCIA VERSUS ORDEN

Entonces, hay que pensar en la respuesta. Y puesto que no hay cómo hacer frente a una comunidad que se alza en demanda de sus derechos, el empleo de la violencia se hace necesario. Entonces, aflora toda esa verborrea relativa a la ‘violencia’ para denostar como ‘violentos’ a quienes se atreven a alzar la voz para protestar por sus derechos. La protesta se hace sinónimo de ‘violencia’ y la fuerza empleada por la policía en contra de los manifestantes encuentra una explicación más tolerable bajo el eufemismo de ‘resguardar el orden’. Es el preludio de lo que acontecerá en lo inmediato, pues hasta la ‘justicia’ habrá de tomar partido en algún momento.

El movimiento social que se hiciera manifiesto a partir del 18 de octubre de 2019 se extendió por días, semanas y meses; prosiguió durante el primer semestre de 2020 e, incluso, durante los primeros meses de la pandemia hubo protestas en varios lugares del país. No se agotó. La detuvo el Covid; no otra cosa.

REPRESIÓN Y DERECHOS HUMANOS

Una protesta contra el sistema vigente es un desafío a la autoridad. Y, cuando ello ocurre, no se pide permiso para marchar; el diálogo está roto. Por eso, la protesta de 18 de octubre de 2019 jamás lo hizo. Las marchas que, en el transcurso del tiempo, se hicieron diarias, nunca contaron con autorización; menos, aún, para apropiarse de los espacios públicos como lo fue la Plaza Dignidad. 

No obstante, desafiar a la autoridad tiene su precio: se llama represión. Y cuando hay represión, generalmente, se hacen presentes violaciones a los derechos humanos. 

El 20 de octubre de 1971, Chile ratificó la Declaración Universal de los Derechos Humanos —aprobada por la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948— y, en los años posteriores, todos los pactos internacionales sobre la materia. En 2009, a través de la Ley 20.357, de 18 de julio de ese año, aprobó, igualmente, la llamada “Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad”, texto acordado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 2391 (XXIII). De manera que, desde el punto de vista jurídico, las eventuales violaciones a los derechos humanos que pudieran producirse en los años siguientes se encontraban protegidas por normas claras de derecho. 

EL GOBIERNO DE SEBASTIÁN PÏÑERA COMO VIOLADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS

Karl Marx nos enseña que la historia jamás es crítica consigo misma; tampoco lo son, en consecuencia, sus actores. Ni quienes apoyan sus políticas represivas. Pero, precisemos más. Ningún gobierno practica la autocrítica, ningún gobierno reconoce sus errores; no hacerlo es parte consustancial a la política pues, de lo contrario, se entrega a la oposición las armas que necesita para desacreditarlo. Por lo mismo, jamás se autocalifica como violador de los derechos humanos. Y aún cuando sea de público conocimiento tal circunstancia, los tribunales, la más excelsa y acabada expresión de la burocracia, nunca lo reconocerán.

No debe sorprender, por ende, que el gobierno de Sebastián Pïñera tampoco lo hiciera y, en consecuencia, se declarara inocente de los cargos que se le hacían. Y, sin embargo, las acusaciones eran demasiadas.

Cuando, en 2022, entregó Amnesty International (AI) en Chile su Informe Anual, señaló, acusadoramente, Rodrigo Bustos, encargado de esa oficina:

“Instituciones como la Policía, el Ejército y el Ministerio Público, que dependían del anterior gobierno (…), cometieron graves violaciones de derechos humanos y la administración no priorizó ni entregó todos los recursos que se requerían ante tan grave crisis”.

En 2021, las causas acumuladas en los tribunales chilenos por violaciones a los derechos humanos habían alcanzado un total de 3.050 casos, calificados, en su gran mayoría, por los tribunales, como delitos comunes.  Ante tan manifiesta arbitrariedad, que recordaba el período de la dictadura pinochetista, la Comisión Chilena de Derechos Humanos pidió ayuda al jurista Baltazar Garzón quien, acompañado de otras dos organizaciones internacionales (la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED), entregó una presentación a la fiscal general de la Corte Internacional de Justicia, en ese entonces, la abogada Fatou Bensouda.  

El texto comenzaba denunciando la arbitraria calificación que los tribunales chilenos hacían de los delitos de lesa humanidad,

“[…]  fraudulentamente calificados e investigados en Chile como delitos comunes, con el deliberado propósito en primer lugar, de sustraerlos de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y en segundo lugar, para preparar las condiciones que permitirían favorecer su posterior impunidad con la eventual aplicación de las reglas de la prescripción, o mediante la aplicación de posibles indultos, amnistías o leyes de punto final. Además, los organismos del Estado encargados de investigar y juzgar, como lo son el Ministerio Público y el Poder Judicial, han tenido una demora injustificada en la sustanciación de estos procesos y sus actuaciones no revisten la necesaria independencia e imparcialidad y el debido respeto por el principio de Igualdad ante la Ley”

El gobierno de Piñera, a esas alturas, había sido denunciado como violador de los derechos humanos por Amnistía Internacional (AI), por el Observatorio de los Derechos Humanos (Human Rights Watch), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Por eso, el diputado de Convergencia Social CS Gabriel Boric Font levantaba en esos años su dedo acusador para señalarle que sería perseguido por todos esos crímenes.

EL ‘CASO’ HERMOSILLA Y UN SORPRESIVO DESENLACE.

A mediados de noviembre pasado, el equipo periodístico de CIPER denunció el pago de sobornos a funcionarios tanto del Servicio de Impuestos Internos SII como de la Comisión para el Mercado Financiero CMF. Esos sobornos permitieron la realización de una evasión de impuestos del orden 3.044 millones de pesos, uno de los escándalos financieros más grandes de los últimos años. La denuncia afectaba directamente al abogado Luis Hermosilla Osorio, a la sazón, defensor del asesor jefe de La Moneda Miguel Ernesto Crispi Serrano quien estaba siendo acusado de haber encubierto y participar activamente en la labor de apurar el pago de operaciones destinadas a fundaciones de partidos de gobierno. El problema hubiere quedado reducido a un hecho más de la acostumbrada corrupción que afecta a personeros de la ‘élite política’ nacional a no ser por una circunstancia muy especial: Hermosilla no estaba protegiendo a Crispi por casualidad sino por una circunstancia muy especial: su hijo, Juan Cristóbal Hermosilla, había militado en el partido de Giorgio Jackson ‘Revolución Democrática RD’ durante sus años de estudio en la Pontificia Universidad Católica de Chile donde conoció a Miguel Crispi con quien mantenía una estrecha amistad. Incluso, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet habían, ambos, compartido funciones públicas.

“Posteriormente, Juan Cristóbal Hermosilla formó parte de la consultora Mapa ligada a RD, que prestó y compró asesorías a varios parlamentarios, entre ellos el entonces diputado Miguel Crispi […]”

LOS DIFÍCILES MOMENTOS DEL GOBIERNO DE APRUEBO DIGNIDAD

El gobierno de Gabriel Boric no atravesaba por buenos momentos a mediados de 2023. El escándalo de los convenios amenazaba a sus ministros y colaboradores más cercanos frente a una oposición cuya política, extremadamente miserable a la vez que tremendamente reduccionista, se limitaba únicamente a cobrarle cuentas por los actos que, cuando era diputado, había ejecutado aquel en contra del gobierno de Sebastián Piñera. Nada de leyes, nada de propuestas interesantes por el bienestar de la nación. Nada de eso. Solamente cobrar revancha de la ‘maldad’ de Boric y representarle a cada momento su iniquidad. ¿Problemas psicológicos en dicha representación política o mentalidad estrecha? Lo cierto es que, a esas alturas, las trabas impuestas por la oposición al Gobierno no sólo le hacían imposible pensar siquiera en cumplir su Programa sino le obligaban a estar pendiente de la protección de varios personeros de Gobierno, amenazados con acusaciones. En esas semanas, le correspondía el turno a Giorgio Jackson, ministro de Bienestar Social.

LAS REDES DE LUIS HERMOSILLA

Hermosilla era conocido en La Moneda. Había llegado hasta el segundo piso de La Moneda con la tarea de defender a Miguel Crispi de las acusaciones que se hacían en su contra no porque fuera un abogado brillante sino porque sus contactos con el mundo del Derecho le permitían exitosas intervenciones, pues es esa la forma usual que tiene los sectores dominantes para perseverar en lo suyo. Pero había otra razón, además de la indicada.

El ex presidente Sebastián Piñera había sido advertido, por el entonces candidato a la presidencia, que sería perseguido por la justicia por violación a los derechos humanos. Un grupo de colaboradores suyos muy cercanos a él, entre los que se contaba a Hernán Larraín, Andrés Chadwick y Cristián Larroulet, decidieron conversar con Luis Hermosilla a fin que conviniera con La Moneda una posible fórmula orientada a desactivar cualquier intento de llevar a la justicia al ex mandatario. 

No debe llamar la atención el empeño que esos representantes políticos del gran capital pusieron en tal cometido ni tampoco que su rogativa encontrara eco en los personeros del Frente Amplio, en especial, Miguel Crispi, pues gran parte de su dirigencia no sólo son la continuación política de la Concertación de Partidos Por la Democracia sino su continuación genética.

Crispi estaba, igualmente, necesitado de ayuda. Y Boric, apremiado por una oposición inclemente, también aceptó realizar tales negociaciones. El 11 de agosto, forzado por las circunstancias, Giorgio Jackson debió hacer abandono de su cargo de ministro de Bienestar Social en tanto el presidente Boric se preparaba para asistir al cambio de mando en Paraguay. La ocasión parecía propicia para invitar al ex presidente Piñera a la ceremonia, que se realizaría el 15 de ese mismo mes, y viajar con él a Paraguay en el avión presidencial. 

El gesto de Boric fue comentado, pues la invitación que había recibido de las autoridades de esa nación era personal.

“Tras el viaje, Boric se mostró mesurado. ‘Conversamos [con Piñera] sobre cómo destrabar el momento político [en Chile]’. Y dos semanas después, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, Boric afirmó que ‘no tengo ninguna duda que el Presidente Piñera es un demócrata’”.

EL FUTURO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CHILE

No cabe la menor duda que si el escándalo protagonizado por Hermosilla de facilitar la evasión de impuestos —y, en consecuencia, de defraudar al Estado—, constituye un hecho grave, más grave lo es, aún, si, en ese empeño, recurre al soborno de funcionarios del SII y de la CMF. 

Sin embargo, esa falta se hace infinitamente más grave cuando, en compañía de otro personaje (o de un grupo de audaces, que se atribuyen una representación que nadie les ha conferido), intenta encontrar la vía que asegure la impunidad a un eventual violador de los derechos humanos. Porque nadie puede transigir sobre esa clase de derechos. Los derechos humanos son intransables, están fuera de todo comercio humano. Quien se atreva a hacerlo, ha de cargar sobre sí, además, la calificación de ‘coautor’,  ‘cómplice’ o ‘encubridor’ de tales ilícitos.

No sabemos si ese eventual convenio entre el presidente Boric y el abogado Hermosilla, representando a ex personeros del gobierno de Sebastián Piñera, sigue vigente, si se ha consumado o está en vías de hacerlo.

En ese cometido y en el intertanto estaremos atentos a descubrir si el presidente Boric mostrará su voluntad inquebrantable de exigir o no respeto a los derechos humanos. En palabras más directas, si acaso  impulsará, como es su deber, la apertura de un proceso en contra de quienes violaron los derechos humanos durante el estallido social. 

¿Lo hará directamente? ¿Le pedirá al Consejo de Defensa del Estado que lo haga en nombre y representación del propio Estado? ¿O, simplemente, colaborará en esa misión? ¿Entregará, en consecuencia, a los generales de carabineros involucrados en esos hechos? ¿Y a los alcaldes, gobernadores, intendentes, delegados de Gobierno que perpetraron tales ilícitos? Parece difícil. La confesión hecha a la prensa por el presidente, luego de su llegada de Paraguay, lo muestra orientado hacia un fin por entero diferente:

“¿Yo he dicho en algún momento que Piñera no es un demócrata? Lo que yo dije en el debate es que las violaciones a los DD.HH. tienen que perseguirse”.

“Yo digo y sostengo que el presidente Piñera tiene convicciones democráticas y teniendo muchas diferencias con él, yo personalmente no creo que él haya ordenado algún tipo de violación de los Derechos Humanos”.

Sostenemos nosotros que, acallados los debates provocados por el reciente plebiscito, parece oportuno exigir de las autoridades un giro importante en su desempeño. Un giro que las aleje de las maquinaciones tanto de Hermosilla como de sus representados (Larraín, Chadwick, Blumel y otros) y permita asumir crecientemente a la Presidencia  el rol de conductora de la nación que le corresponde, lo que implica hacer oídos sordos de las voces que la apartan de esa alta labor; entre otras, el respeto irrestricto a los derechos humanos. Gustavo Gatica, Fabiola Campillai y todos aquellos que fueron mutilados visualmente no pueden quedar eternamente condenados a vivir en las tinieblas en tanto sus verdaderos victimarios siguen la más completa impunidad. No puede ser que suceda lo mismo con los crímenes de Abel Acuña, Romario Veloz, Manuel Muga, Andrés Ponce, Manuel Rebolledo, José Uribe y tantos otros. No puede ser que quienes incitaron al suicidio a los jóvenes que no soportaron su mutilación visual sigan gozando de tranquilidad. Hay responsables directos de todos esos hechos, personas que dieron órdenes y dispusieron que así se procediese. Hay sujetos responsables de haber convertido a las fuerzas policiales en represores de las protestas estudiantiles y no de la verdadera delincuencia. Hay, en esta materia, un trabajo que no está inconcluso sino, simplemente, algo que no se ha comenzado a hacer y que exige realizarse. Ahora, y no mañana.  

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